Dificultades en la compra y/o adquisición y distribución del complemento nutricional para la adulta y el adulto mayor ‘carmelo’ con quinua

Debido a que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró Pandemia mundial por el coronavirus COVID-19, a nivel mundial se puso sobre la palestra la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, hecho que no fue distinto en Bolivia, donde se pusieron en evidencia las necesidades y carencias de este grupo poblacional en los temas económico, social, sanitario y familiar. Por tanto, la tarea del Estado, a través de sus diferentes instancias y niveles de gobierno, se ha enfocado en la mirada y protección de este grupo etario, a fin de dar cumplimiento a la CPE y la normativa de protección específica, que tienda a garantizar sus derechos bajo un enfoque integral bio-psico-social. En ese entendido, ante la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la población adulta mayor desde antes de la pandemia por el COVID-19 y que se ha visto aún más desprotegida a nivel institucional y social, han surgido voces de las mismas organizaciones de personas adultas mayores que han puesto en evidencia las principales carencias, una de las cuales es el acceso al -Complemento Nutricional para la Adulta y el Adulto Mayor ‘CARMELO’ con Quinua- (CARMELO).

En el marco del mandato constitucional y de las atribuciones establecidas en la Ley N° 870, la Defensoría del Pueblo desarrolló la presente investigación a fin de evidenciar el cumplimiento de la obligación del Estado en la adquisición y distribución del CARMELO a la población beneficiaria a nivel nacional y contribuir en su acceso oportuno a través de mecanismos efectivos de distribución sin discriminación. Su alcance fue a nivel nacional, pues se abarcó a 339 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM’s), que representa el 100% de los municipios.