El aumento a la pensión mínima sin base legal ni técnica, es un acto populista.

El 24 de diciembre de 2020, con la aprobación del Presupuesto General de la Nación, se incrementó la pensión mínima (PM) de vejez y de invalidez parcial en 46.5% y 44.5%, respectivamente. Con este incremento, dicho beneficio –definido y mensual– pasa de US$207.60 a US$304.10 el primero, y de US$145.32 a US$210.00, el segundo. Adicionalmente, de acuerdo con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), se planea hacer una reforma integral al sistema de pensiones a partir del 1 de mayo, cuando se instaure la nueva Asamblea Legislativa. El aumento a la PM, será un cambio permanente, sin fuente de financiamiento propio ni para el presente, ni para el futuro, y no beneficiaría a la mayoría de adultos mayores en edad de retiro que no reciben ningún tipo pensión. La presente Posición institucional señala las interrogantes más trascendentes que se desprenden de la medida: su sostenibilidad financiera, a quiénes beneficia y la institucionalidad del proceso en la toma de tal decisión. Al no contar con respuestas a las siguientes interrogantes ¿cómo se va a cubrir este nuevo gasto? ¿cómo se va a pagar cuando se agoten los recursos del Estado? fácilmente se deduce que estamos frente a un acto populista de cara al evento electoral próximo a realizarse.

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