Paraguay: informe de los derechos humanos de 2019

Paraguay es una república constitucional multipartidista. En abril de 2018, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado —también conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR)—, ganó la presidencia en elecciones reconocidas como libres e imparciales. También se celebraron elecciones legislativas al mismo tiempo. La Policía Nacional, subordinada al Ministerio del Interior, tiene la responsabilidad de mantener el orden público, proteger los derechos y la seguridad de las personas y entidades y su propiedad, impedir e investigar los delitos, y ejecutar las órdenes del poder judicial y los funcionarios públicos. En algunas ocasiones, las autoridades civiles no mantuvieron un control eficaz sobre las fuerzas de seguridad. Entre los problemas notables de derechos humanos se incluyen denuncias de tortura por parte de funcionarios públicos, condiciones carcelarias duras y que a veces pusieron en riesgo la vida, arresto y detención arbitrarios, problemas considerables en cuanto a la independencia del poder judicial, intimidación violenta de periodistas por grupos de delincuencia organizada, corrupción generalizada en todos los poderes y niveles del gobierno, violencia generalizada —que a veces conllevó la muerte— contra mujeres y, en menor medida, personas indígenas, pese a los esfuerzos de las autoridades por reducir tales comportamientos, discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y trabajo infantil, en particular en el servicio doméstico y los sectores agrícolas informales. El gobierno tomó medidas para enjuiciar y sancionar a los funcionarios de nivel bajo y medio que cometieron abusos, pero se siguió informando ampliamente sobre la impunidad general de la que gozaron miembros de la policía y las fuerzas de seguridad.