Sistema de Pensiones de la Seguridad Social en Cuba: un Debate Presente para el Futuro.

El amplio proceso de transformaciones iniciado en Cuba después de enero de 1959 ha configurado un sistema de pensiones de reparto solidario universal, con total administración estatal y sin capitalización de los fondos. Estas normativas ponían énfasis en la protección a partir de las instituciones estatales, que comenzaban a despuntar desde entonces como la mayor fuente de empleo en la economía cubana. Las principales reformas implementadas en el modelo fueron del tipo paramétrico, limitándose a extensiones de la edad de jubilación y adecuaciones en las fórmulas para el cálculo de las prestaciones y métodos de contribución. La Ley 105 del año 2008 es la disposición vigente para el sistema de Seguridad y Asistencia Social y se encarga de regular las prestaciones de largo y corto plazo que se garantizan en el país. Entre las principales innovaciones de esta ley se encuentra la adecuación de las pensiones por edad, elevando la edad de jubilación, en el caso de las mujeres, de 55 a 60 años, y en el caso de los hombres, de 60 hasta 65 años. De igual grado, se incrementa el tiempo de servicios a acreditar en dependencia de los tipos de trabajo que se desempeñen, se amplía la base salarial para el cálculo de las prestaciones y se incrementa también la tasa mínima de remplazo de 50 al 60%. Puede esgrimirse como uno de los resultados más relevantes de esta legislación su amplia cobertura activa, dado que todo trabajador en la economía, con independencia de la forma de propiedad en la que se emplee, está cubierto por el sistema mediante sus contribuciones.n la actualidad, el panorama de predominio total del empleo estatal ha cambiado. Se ha consolidado la heterogeneidad de formas de propiedad y gestión resultante del proceso de transformaciones conocido en Cuba con el nombre de Actualización del Modelo Económico y Social. Esta característica, sumada a los dilemas asociados al envejecimiento demográfico, el déficit sostenido del sistema en marcha, la débil suficiencia de las prestaciones y algunas desigualdades en el acceso, configuran un mosaico de retos para la Seguridad Social en el país. Es por ello que, cualquier avance en materia de recomendación de políticas para hacer frente a estos desafíos deberá basarse en la identificación del impacto de las variables demográficas y de la esfera laboral, así como en la composición de las variables económico-financieras del esquema, sin perder de vista la capacidad adquisitiva de las pensiones que se ofrecen mediante él.

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